• Desde hace mucho tiempo los ciudadanos han aspirado a que los políticos y gobernantes nos despojemos de esta protección que muchas veces ha servido para proteger la opacidad y con ello los actos de corrupción, señaló.
Xalapa, Ver., 30 de noviembre de 2015.- La propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa para eliminar el fuero a su gobierno y a los demás servidores públicos de Veracruz es un parteaguas a nivel nacional porque desde hace mucho tiempo los ciudadanos han aspirado a que los políticos y gobernantes nos despojemos de esta protección que muchas veces ha servido para proteger la opacidad y con ello los actos de corrupción, expresó el alcalde Américo Zúñiga Martínez.
Dijo que esta propuesta, inscrita en tres iniciativas de reforma constitucional que enviará el mandatario veracruzano al Congreso, para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, es una buena noticia para Veracruz e indicó que “se debe fortalecer el andamiaje administrativo que nos permita a todos los ciudadanos tener con claridad esta lucha contra lo que ha representado ser un cáncer en el desarrollo y crecimiento de Veracruz y de nuestro país, que son los actos de corrupción”.
Zúñiga Martínez comentó que la tradición jurídica del fuero fue mal entendida, porque vino a significar, a los ojos de la sociedad, como un manto protector de los funcionarios, cuando en realidad era ejercida por los representantes legislativos.
“Lo que ha propuesto el señor gobernador es mantener la tradición legislativa en ese sentido, incluso judicial, pero a su gobierno y a los demás servidores públicos de Veracruz, pues quitar este esquema me parece muy adecuado, es realmente un parteaguas a nivel nacional”, insistió.
Las reformas para crear el Sistema Estatal Anticorrupción buscan que la Legislatura apruebe el nombramiento del Contralor General del Estado, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la eliminación del fuero a funcionarios públicos –incluido al Gobernador del Estado-, así como la creación de un Comité Coordinador Anticorrupción y la expedición, por parte del Congreso local, de la legislación en materia anticorrupción, en concordancia con la Constitución federal.
