Por Miguel Angel Cristiani G.
Este miércoles el titular de la Auditoría Superior de la
Federación, Juan Manuel Portal entregó el Informe de Resultados de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, correspondiente al año 214, en
donde se deben de presentar los resultados preliminares de 1,659 auditorías a
organismos y dependencias que manejan recursos públicos, incluidos estados y
municipios.
Pero aunque debería ser motivo de preocupación para quienes
han desviado recursos, para otros propósitos de los que les han sido
encomendados, en realidad muy poco les causa temor, siguen tan campantes como
si nada.
A qué se debe entonces que pese a que la Auditoría Superior
de la Federación detecta irregularidades en el manejo del presupuesto, aparentemente
no sucede nada, es decir los funcionarios responsables no van a parar a la
cárcel, como debiera ser.
Porque por diversos motivos –entre ellos se ha hablado de
maletas llenas de dinero en efectivo con millones de pesos- se sabe ahora que
el 97% de las denuncias que se llegan a
presentar quedan en el pantano de la impunidad.
Para tener una idea de lo que significa habría que apuntar
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 1998 y 2015, ha
presentado en total 656 denuncias penales por actos de corrupción, de las
cuales sólo 19 han terminado en consignaciones.
En los últimos diez años, el número de denuncias penales,
presentadas por la auditoria, ha tenido un aumento exponencial: siete en 2010;
53 en 2011; 80 en 2012; 134 en 2013; 186 en 2014 y 157 en 2015.
Pese a que la revisión es cada vez más exhaustiva y, en consecuencia aumenta el número de irregularidades detectadas, las denuncias penales presentadas por la ASF no se han traducido en sanciones.
Con fecha de corte del 18 de noviembre de 2015, la ASF reportó que de las 656 denuncias penales presentadas, 601 se encuentran en integración del ministerio público, 19 han sido consignadas, 11 han concluido en el no ejercicio de la acción penal, nueve están en reserva y 16 tienen amparo.
Pese a que la revisión es cada vez más exhaustiva y, en consecuencia aumenta el número de irregularidades detectadas, las denuncias penales presentadas por la ASF no se han traducido en sanciones.
Con fecha de corte del 18 de noviembre de 2015, la ASF reportó que de las 656 denuncias penales presentadas, 601 se encuentran en integración del ministerio público, 19 han sido consignadas, 11 han concluido en el no ejercicio de la acción penal, nueve están en reserva y 16 tienen amparo.
Dice que “la ASF cumple una función central, pero no es el Sistema Anticorrupción. Ese fue el error que el país cometió al pensar que una sola dependencia –SFP, ASF, PGR– puede reemplazar a un sistema”.
Tras las auditorías, la ASF hace las observaciones a las entidades de la administración pública federal, las cuales deben subsanar las irregularidades; de no hacerlo, la ASF presenta la denuncia ante la PGR.
Lo cierto es que mucho se ha hablado sobre la detección de
irregularidades en el manejo de los presupuestos y recursos públicos, pero en
el terreno de la realidad, nada es lo que se ha logrado para que quienes
saquean las arcas públicas, tengan el castigo que merecen.
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