Acostumbra decir
nuestro amigo Pancho López, el filósofo de mi pueblo, que en una democracia
-donde no se cañonea a los diputados con maletas de dinero- una cosa es lo que
propone el llamado Poder Ejecutivo y otra muy distintas lo que aprueba el Poder
Legislativo.
Estabamos
acostumbrados a ver como los y las señoras diputadas en el Congreso Local
autorizaban sin chistar cuanta iniciativa les mandaba el gobernador del estado
y se sospechaba que no era gratis, sino a cambio de jugosas prevendas.
Precisamente en la
pasada Legislatura los y las se fueron cargados con numerosas concesiones de
taxis, se asegura por ejemplo que un diputado de un municipio serrano, recibió
300 juegos de placas.
Pero el caso es que
este jueves, los actuales legisladores aprobaron por mayoría de votos
el Dictamen de
decreto que reforma la Ley de Tránsito y Transporte, así como al Código de
Derechos, que prevé el reordenamiento del transporte público en la entidad, con
un padrón actualizado de conductores y diversas disposiciones encaminadas a
mejorar las vías y sistemas de transporte en el Estado.
Ya desde el pasado
14 febrero -fecha emblmática del amor y la amistad- el gobernador del estado
Miguel Angel Yunes Linares nos había anunciado en una conferencia de prensa, su
decisión de enviar una iniciativa al Congreso para poner orden en el transporte
público estatal, lo que implicaría, entre otras cosas, el regularizar todos los
taxis que andan circulando con un permiso provisional pero que nunca les
entregaron las concesiones y juegos de placas.
En ese desorden,
hay vehículos que prestan el servicio en las tres modalidades, urbana, rural y
mixta, ya que se otorgaron concesiones sin analizar que el posible
concesionario tuviera las calidades técnicas para su desempeño, ni se
analizaron rutas de transporte urbano, lo que congestiona las vías de
comunicación de la Entidad, afecta a la calidad del transporte y a los propios
concesionarios, pues genera competencia desleal.
Otro aspecto
fundamental es el de sacar de circulación a todos esos camiones del servicio
urbano y rural que se encuentran en pésimas condiciones, para ello se propone promover
sistemas de transporte público e impulsar la renovación del parque vehicular,
para superar una problemática que se ha venido agravando.
Que en la iniciativa del Ejecutivo del Estado observa que la
seguridad pública de los veracruzanos también se vio afectada, pues muchas
concesiones han caído en manos de la delincuencia organizada, ya que se ha
detectado la participación de algunas unidades prestadoras del servicio en la
comisión de hechos ilícitos, lo que hace necesario mejorar el control de los
registros de concesionarios y conductores.
Pero resulta que como bien dice Pancho López una cosa es lo
que propone el Ejecutivo y otra muy
distinta la que aprueba el Legislativo.
Porque no se incluyó en las reformas, nada de modernizar las
unidades de transporte, mucho menos de combatir el acaparamiento de concesiones
-un mismo sujeto podrá tener hasta cinco, pues a que horas va a trabajar todos
esos turnos- la revisión de las rutas de transporte urbano que es tan urgente.
Lo que sí se aprobó, fue el punto de mejorar la seguridad de
los usuarios del transporte, para lo que el Gobernador del Estado propone
obligar a los concesionarios a instalar dispositivos electrónicos de alerta del
pasajero en las unidades que presten el servicio, para prevenir las agresiones
a éstos, especialmente a mujeres.
Aunque ello significará un costo extra para los
concesionarios del transporte, porque además del equipo electrónico se tendrá
que contar con un GPS y comunicación satelital, aunque ya veremos si se
instalan los aparatos, pero simplemente se desconectan o no funcionan y
entonces valen pa pura….
Por lo pronto, las iniciativas del Gobernador del Estado,
Miguel Angel Yunes Linares no pasan como las envía al Congreso, en donde ante
la ausencia de un liderazgo efectivo, los y las diputadas de oposición, en este
caso los del PRI, le enmendaron la plana, para quedar solamente en una
enumeración de buenos deseos.
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