Por Jair García
El Congreso local gastó cerca de 3 millones de pesos en liquidar a 51 empleados, de los cuales algunos tendrán que ser nuevamente contratados porque ganaron una demanda laboral.
A la par, hay otros 40 trabajadores que no recibieron liquidación pero igualmente podrían ser reubicados en sus puestos, debido a que se negaron a firmar la "renuncia voluntaria" que les forzaban rubricar a cambio de pagarles la liquidación correspondiente.
El personal despedido reprochó que a la llegada de la nueva Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández dijo que no habría despidos, posteriormente señaló que habría una auditoría para determinar la viabilidad de cada puesto pero aseguraron que no hubo tal auditoría y sí hubo despidos.
También acusaron que los aviadores y altos sueldos de algunas secretarias o del propio dirigente sindical permanecieron intactos. De igual forma, se les dijo que se pretendía adelgazar la nómina, pero sus lugares fueron ocupados por gente afín al PAN, Morena y al propio PRI.
Conforme a la respuesta emitida por el Congreso local a una solicitud de información, se detalla que sólo 51 empleados de un total de 114 recibieron una liquidación con montos que van desde los 8 mil hasta los 180 mil pesos.
Aunque todos los ex trabajadores aseguran que prácticamente fueron amenazados para firmar su renuncia, todos aparecen bajo la leyenda de "renuncia voluntaria", pues de no hacerlo, entonces les advirtieron que no les pagarían un solo peso de liquidación.
Esto generó que la mayor parte de los ex trabajadores, decidieran no firmar y emplazar legalmente al Congreso local para obtener su reinstalación y a la par el pago de los sueldos caídos.
Dentro de la solicitud también se requirió el resultado de la supuesta auditoría que se mandó a elaborar al Congreso local, por parte del diputado Sergio Hernández Hernández, quien declaró que en julio pasado estarían los resultados, sin embargo, la Unidad de Transparencia de la Legislatura explicó que no hubo tal auditoría.
La única revisión que se hizo fue la que normalmente realiza el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la cual aún está en proceso de solventación pero no está relacionada con el quehacer administrativo y laboral al interior del Congreso local.
