Ciudad de México, 24 de octubre de 2017
-Exhorta Senado a instrumentar operativos que frenen homicidios en el estado de Veracruz
Ciudad de México, 24
de octubre de 2017.- Se equivoca el Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel
Yunes Linares cuando asegura que su gobierno no tiene la responsabilidad de
evitar las ejecuciones entre bandas del crimen organizado. Desde luego que es
su responsabilidad hacer valer el Estado de Derecho para brindar seguridad y
justicia a la población afectada, dijo hoy el Senador Héctor Yunes Landa. “No
puede catafixiar un mandato establecido en la Constitución por un bando de
impunidad para la delincuencia”, puntualizó.
Ante el incremento
sostenido de homicidios con características de ejecuciones registrado en los
últimos meses en el estado de Veracruz, este martes el Grupo Parlamentario
del PRI en el Senado de la República presentó un Punto de Acuerdo para hacer
un exhorto al gobierno del estado de Veracruz y en el ámbito de sus
funciones, -a través del Sistema Estatal de Seguridad Pública y las demás
instancias de seguridad pública de la entidad-, instrumente operativos para
combatir los casos de ejecuciones a cargo de organizaciones del crimen
organizado.
En el Punto de
Acuerdo, explicó el legislador veracruzano, hemos expuesto la crisis de
seguridad y gobernabilidad que vive la entidad veracruzana. “Hay un aumento
sostenido en delitos de alto impacto como el homicidio -en particular de
feminicidios e infanticidios-; así como de la tortura, abusos de autoridad y
violación a los derechos humanos, lo que coloca a Veracruz al frente de
prácticamente todos los índices de incidencia delictiva”.
Héctor Yunes dijo que
el exhorto es en realidad una llamada de alerta. Explicó que, según
información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, entre diciembre de 2016 y julio de 2017, en el estado
de Veracruz han ocurrido mil 696 homicidios, de los cuales, el 75% de ellos
son ejecuciones del crimen organizado. “Además, también se han registrado 121
secuestros, 188 violaciones y 13 mil 855 robos (mil 869 son hurtos de
vehículos con violencia)”, informó al referirse al documento presentado la
mañana de este martes.
“Otra vez, como en el caso de los periodicidios, de los feminicidios y de los infanticidios, no se trata de hechos aislados. El gobernador no puede escudarse en que sólo los ciudadanos de bien deben ser protegidos, cuando la violencia generada por los grupos delincuenciales ha alcanzado a todos los sectores de la población”, insistió.
En el Punto de Acuerdo
presentado por su grupo parlamentario, dijo, se refieren sólo algunos de los
cientos de casos que han sucedido a lo largo de este gobierno. “Son ejecuciones
que involucran a mujeres y niños; ejecuciones que se realizan en las
principales ciudades prácticamente a cualquier hora del día, atemorizando al
resto de la población. ¿Cómo puede decir el Gobernador que esa no es su
responsabilidad?”, explicó respecto a las razones de la propuesta presentada.
El gobernador de
Veracruz presume de ser un buen abogado, agregó. “Le recuerdo que conforme al
artículo 21 párrafo noveno de la Constitución Política de nuestro país, la
seguridad pública consiste en la función a cargo de los tres órdenes de
gobierno, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas. Está incumpliendo un deber legal al rechazar esa responsabilidad”,
insistió.
Finalmente, en el
Punto de Acuerdo se señala que resulta indispensable que se tomen acciones
contundentes e integrales que permitan regresar la tranquilidad, seguridad y
certeza a la población de la entidad. Es ahí donde radica la idoneidad del
presente punto de acuerdo, cuya motivación es el cumplimiento de funciones
torales del Estado Mexicano, tales como la seguridad pública.
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