México vive hoy una
encrucijada, en la que caminos antitéticos se cruzan para conducir a rutas opuestas, observamos que por una parte
las instituciones ligadas a la procuración e impartición de justicia y a la
enseñanza jurídica, tratan por diversos medios de fortalecer el Estado de
derecho y por otro lado numerosos grupos pertenecientes a la delincuencia
organizada y personas que actúan al margen de las leyes realizan múltiples acciones para debilitarlo.
De esta manera, la población
mexicana que sigue el camino de la ley, cree y piensa en su mayor parte, que es el qué
hay que transitar para llegar al ansiado Estado de Derecho, el cual es
constantemente enriquecido con nuevas y modernas instituciones jurídicas. Sin
embargo, esa misma población sufre los embates de una delincuencia organizada y
ocasional, que ha elegido las vías torcidas de la criminalidad, realizando
secuestros, robos, asaltos, asesinatos, decapitaciones, extorsiones y un sin
número de acciones al margen de la ley, buscando obtener poder y riquezas
fáciles, imponiendo sus propias reglas para gozar de impunidad y protección.
Por esta razón, me parece oportuno
reflexionar sobre algunos de los nuevos retos que se están generando en el
mundo del derecho, siempre en constante transformación y cambio, debido al dinamismo
de las sociedades modernas en el mundo globalizado de nuestro tiempo.
Los abogados, estudiantes,
maestros y operadores políticos de nuestro país, deben repensar cuál debe ser
el rol del derecho, para enfrentar los nuevos y complejos retos que esta
encrucijada plantea, dentro del nuevo orden nacional e internacional que
impulsa la revolución tecnológica, particularmente en los medios de
comunicación que convierten al mundo en una aldea común, propiciando su
desarrollo político, económico y social.
Tal situación obliga a los
profesionales del derecho a analizar las instituciones jurídicas caducas, la
actualización de sus contenidos y la revisión de planes y programas de estudio
para la enseñanza jurídica.
A los abogados corresponde en
buena medida tan importante tarea. De
ahí que recordemos que en algunas épocas
de la historia de nuestro país, ellos se caracterizaron por ejercer un fuerte
liderazgo en la sociedad, que se fue perdiendo en la medida en que otros
profesionales de diversas disciplinas incrementaron su presencia en sus
respectivos campos. Esta pérdida de influencia y presencia, se debió -en parte-
a la actitud conservadora y tradicionalista de los abogados y a las profundas
divisiones gremiales existentes entre ellos.
De ahí, que un primer reto sea,
el lograr la unificación gremial, sustituyendo a tantas organizaciones existentes,
por una sola lo suficientemente fuerte para rescatar la credibilidad perdida,
su liderazgo social y su disposición para auxiliar y apoyar a los mexicanos en las exigencias de una real impartición de
justicia.
Con este mayor y necesario liderazgo,
los abogados de la nación estarán en mejores condiciones de enfrentar el reto
que significa el poder hacer realidad el Estado de Derecho, hoy tan
deteriorado, por tantos factores negativos que lo obstaculizan.
Es tiempo ya de que los
gobernantes de México y los académicos de la materia pasen de la proclamación de
las excelsitudes de la teoría jurídica del Estado de Derecho, al campo de la
acción para convertirlo en una vivencia real.
No puede soslayarse, que en
las situaciones actuales de nuestra evolución jurídica, el respeto a los derechos
humanos es parte fundamental de nuestro modelo constitucional, en el que los
tratados internacionales están presentes de manera preponderante. Nuevas normas
proyectan al porvenir el propósito de una convivencia más civilizada en la que
los actuales y futuros abogados tienen que
prepararse y profundizar en la filosofía que los sustenta.
Desgraciadamente en la mayor
parte de las entidades federativas, los habitantes viven atemorizados y
angustiados por la inseguridad que se padece, observando todos los días la
enorme distancia que existe entre la teoría y el acatamiento de las leyes y de los
derechos humanos, lamentando la disociación existente entre los principios humanistas
y la realidad nacional.
Nunca como ahora se hace más
evidente la paradoja existente entre las innovaciones jurídicas de avanzada
logradas en los últimos años y la subsistencia de una penosa realidad que vive el pueblo de México todos los días, al
estar siendo víctima de una ola de criminalidad, caracterizada por horrorosos
crímenes, propios de épocas pasadas, que se pensaban habían sido ya superadas.
Ante este panorama, los profesionistas
que han escogido los caminos del derecho, deben sentirse obligados a solidarizarse
con la sociedad mexicana para reencontrar las formas de erradicar
definitivamente la triste situación que prevalece.
Los estudiantes, maestros,
abogados litigantes y servidores de los organismos judiciales, deben unificar
esfuerzos y acciones para tratar de impedir que las organizaciones que actúan
al margen de la ley sigan realizando sus prácticas criminales a través de la
violencia, amenazando destruir las bases mismas de nuestra convivencia, convirtiéndonos en rehenes de sus ambiciones y
apetitos de poder desenfrenado.
Dentro de esta perspectiva de temor y angustia que padece nuestro país,
gobernantes y gobernados tienen la obligación de enfrentar unidos este tremendo
mal de violencia que impide la tranquilidad y la seguridad de
las familias mexicanas. Para salir de esta difícil encrucijada hay que renovar
nuestra fe en el derecho y en el respeto irrestricto a las normas jurídicas que
nos rigen, evitando fenómenos de corrupción, así como acciones de complicidades
que generan impunidad en la persecución de los delitos.
Es oportuno reiterar algunas
reflexiones anteriormente expresadas, en torno a las funciones de los abogados
para enfrentar los actuales retos, pues consideramos que estos deben ser el vínculo comunicante entre la ley y la
sociedad; el factor legitimador del
derecho; los que propugnen la congruencia entre la ética de los servidores
jurídicos y los principios del Derecho; los que antepongan los valores
comunitarios por encima de los intereses personales; los que estudien constantemente
con el propósito de actualizarse en el
conocimiento de las leyes y los que por encima de todo conviertan a las normas
jurídicas en la medida esencial para la convivencia humana.
Estos son algunos de los
objetivos que los servidores de la justicia, deben proponerse para superar los
desequilibrios existentes en nuestra población, combatir los males de la
corrupción que invaden las esferas públicas y la falta de eficacia en el logro de un mayor
bienestar en la mayor parte de los
mexicanos que vienen padeciendo una miseria extrema.
Solo así evitaremos que se nos
siga señalando negativamente en las estadísticas mundiales de la criminalidad y
que se siga considerando a nuestro país como un lugar peligroso para ser
visitado.
*Analista político. Autor de libros sobre
Derecho Electoral y Derecho Parlamentario. Profesor- Investigador Emérito de
“El Colegio de Veracruz”. Receptor de las Medallas “Defensor de la Libertad y
Promotor del Progreso” y al “Mérito Jurídico”, otorgadas por el Club de
Periodistas de México, A.C. y por el H. Ayuntamiento de la Ciudad de Xalapa,
Ver. (2016)