Por Billie J Parker
Palabra de Mujer (Columna)
Más allá de un desorden de conducta, el acoso cibernético, que
algunos lo llevan en su ADN y hasta lo comercian en la política mexicana, fue y
es utilizado por el Poder. El ciberbullying, también conocido como
crueldad social en línea, se define como la conducta agresiva y deliberada
contra una persona a través de la difusión maliciosa de información en la red,
en mensajes de texto, con fotografías o imágenes modificadas o editadas,
difundidas en redes sociales, correos electrónicos, páginas web, blogs, salas de
chat, etc.
No hay quien en su sano juicio no coincida en parar el ciberacoso,
no obstante hoy las iniciativas para sancionarlo se perfilan como herramienta
política, con el objetivo de acallar la crítica o la denuncia, en aras de
metamorfosear y aumentar la impunidad del poder.
En los últimos comicios, sobre todo presidenciales, las “benditas
redes” sirvieron para descalificar a la oposición y se convirtió en una táctica
para desautorizar a quien señalaba, denunciaba, refería, revelaba corrupción, o
criticaba a los políticos. Hay movimientos sociales que incluso hasta call
centers de ciberbullying implementaron para viralizar su mensaje, aprovechando
los pertrechos tecnológicos y el cambio de paradigma en la comunicación.
La primera que aplicó está táctica fue la izquierda política, fue
tan fructífera que inmediatamente la mafia del poder plagió la moda y reclutó
al partido de la Revolución Democrático para convertirlo en franquicia, de la
cual hoy intenta salir.
Los autores intelectuales de la estrategia del ciberacoso
emigraron del reventado partido de Izquierda y se reinventaron en el movimiento
social de Morena. Base desde la cual, las “benditas redes”, en conjunto con un
insostenible régimen político, posicionaron lo que en 18 años Andrés Manuel
López Obrador tejió con trabajo de campo firme. Ponderaron a sus aliados y a
los oponentes los destruyeron a tuitazos con memes. Redes que hoy estorban a la
partidocracia y a una transformación que se cae a pedazos.
En Veracruz aprovecharon el viaje, y con apoyo de Morena y el PRI,
los aliados PAN-PRD buscaron coartar la libertad de expresión, en un atentado
más contra las libertades. La repercusión es nacional porque crea precedentes y
se reflejó en las redes donde se multiplicaron la voces del desacuerdo social
al “absurdo jurídico” del Congreso estatal, como llamó el especialista en
derecho Lic. Fidel Ordoñez a la ley que aprobaron en fast track, para castigar
el “Acoso cibernético”.
A cuatro días de aprobada el gobernador Miguel A Yunes Linares anunció
el veto a la ley operada por sus legisladores. El gobernador electo, Cuitláhuác
García, también la impugnó en mensaje por la red social Twitter pero, no habla
de veto, ni más tarde el comunicado oficial yunista. Ambos refieren que
solicitarán su revisión y nuevo debate al congreso. ¿El veto requiere
revisión? No, comenta el abogado Fidel Ordoñez. Por lo que se duda del veto
anunciado.
Una iniciativa, ambigua con lagunas a modo, para poder intervenir
ciudadanos tanto como a prensa, anticonstitucional y remedo de dos leyes
previas en 2013: La ley Duarte en contra de tuiteros para protegerse y blindar
al gobierno contra quienes denunciaban la corrupción en su administración;
y la ley del Congreso de Nuevo León que aprobó una reforma que castiga
con trabajo comunitario y hasta prisión a quien cometa cyberbullying en redes.
El pasado 27 de septiembre los legisladores veracruzanos se
blindaron fusilándose estas iniciativas previas. Algunos de ellos se quedan en
la nueva legislatura pese al rechazo social en las urnas, y de paso intentaron
blindar al patrón, con una reforma al Código Penal que castiga la difusión de
imágenes, textos grabaciones, audios que “dañen la reputación o autoestima de
otra persona”.
La ley Duarte en 2013, que intentó encarcelar a tuiteros bajo el
argumento “perturbación pública con afirmaciones falsas”, fue derrumbada por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por violar las garantías
constitucionales previstas en el Artículo 6 constitucional y de las libertades
que todos los mexicanos tienen de acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución
federal y de los tratados internacionales, en específico del Artículo 19, que
trata de los derechos universales del hombre y atentar contra la exacta
aplicación de la ley penal.
Ley aprobada por una legislatura veracruzana muy lastimada por
comportamientos corruptos, documentados por la prensa y ciudadanos,
principalmente en las redes, donde diputados y diputadas, afectados por la
exhibición de sus yerros y excesos, aprobaron la ley del “acoso cibernético” en
beneficio propio y de grupo.
En el 2017 la cámara de diputados -promovido por el PRI-, sin
debate y por unanimidad también se blindó de ser señalado, criticado o
exhibido, con la reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal. El número
de columnistas y periodistas llevados a tribunales crece desde entonces.
El congreso de Veracruz recibió la iniciativa para castigar el
“Acoso Cibernético” en el Artículo 196 con el capítulo III Bis del Código
Penal de Veracruz, por parte del diputado del PRD José Kirsch, avalado por las
diputadas independiente Eva Cadena, July Sheridan, y adicionada por Maryjose
Gamboa Torales y María Elisa Manterola Sanz del PAN. Las legisladoras más
exhibidas públicamente en los memes de la crítica social. Iniciativa de ley
maniobrada por coordinadores de campaña del PAN, exhibidos por tráfico de
influencias, corrupción y otros ilícitos, incrustados en comisiones clave para
extender la impunidad.
Una ley ambigua, confusa, proclive a la subjetividad, muy
conveniente para que las amenaza de las autoridades veracruzanas sobre
periodistas se concreten y que inhibe la libertad de expresión en línea al
transgredir derechos fundamentales reconocidos en las primeras declaraciones de
derechos revolucionarios del constitucionalismo liberal.
El derecho a libertad de expresión a lo largo de la historia de la
humanidad ha sido objeto de constantes amenazas y violaciones, por lo que se
debe buscar su protección más amplia pero, no estamos seguros que quien antes
ejerció el acoso cibernético, incluya su sanción en la cuarta transformación de
la vida pública.