Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
Al igual que cuando lo detuvieron en Guatemala y luego
lo deportaron a México para encerrarlo en el Reclusorio Norte, Javier Duarte es
el tema del día y lo será al menos por una semana.
Que un juez lo haya sentenciado a purgar una condena
de nueve años y a pagar 58 mil pesos de multa por los delitos de asociación
delictuosa y lavado de dinero, tiene endemoniadamente enfurecida a la raza
jarocha.
Este jueves escuché los más acres comentarios y las
descalificaciones más estentóreas contra el sujeto que cometió el más grande
atraco a Veracruz. También escuché sonoras mentadas de madre contra el juez que
llevo la causa, pero en su descargo y a reserva de que me toquen parte de esas
mentadas, es necesario subrayar que el señor actuó conforme a derecho.
Sí, así es.
La PGR no acusó o no pudo comprobarle a Duarte los
delitos de robo (y vaya que robó), cohecho (y vaya que sobornó), abuso de
autoridad (y vaya que se extralimitó) o corrupción (y vaya que se corrompió).
Tampoco lo acusó de desaparición forzada como lo han
hecho cientos de familiares de desaparecidos. De hecho, en el mes de agosto la
dependencia catafixió de manera poco ortodoxa la acusación de delincuencia
organizada, que tiene una pena de 20 a 40 años de prisión, por la de asociación
delictuosa cuya pena es de cinco a diez años.
En síntesis, a Javier lo acusaron de dos delitos
pinchurrientos y ahí están las consecuencias.
Por eso insisto, la culpa no fue del juez sino de
quienes integraron las carpetas de investigación. Ya desde ahí las cosas pintaron
muy mal para más de ocho millones de veracruzanos que clamaban justicia.
De esos nueve años que le echaron, el reo ya cumplió
uno y medio por lo que podría gestionar su libertad bajo caución. Pero sabedor
de que la Fiscalía de Miguel Ángel Yunes tiene acusaciones penales en su contra,
esperará a que su enemigo deje la gubernatura, se apacigüen un poco las aguas y
pueda negociar en tres años su libertad por buena conducta.
Yunes dijo que la sentencia contra el bandido indigna
y lastima la conciencia del pueblo de Veracruz, y tiene razón. Pero -insisto- el
fallo no fue por error o mala leche del juez sino por ineptitud de los
fiscales.
En su afán por hundirlo en lo más profundo de una
mazmorra, sus acusadores actuaron con precipitación y sin seguir los protocolos
del debido proceso. Esto se combinó con una excelente defensa que fue tirando
una por una las acusaciones de la PGR, hasta dejarlas en dos endebles y hasta
risibles denuncias que ocasionaron la magra sentencia.
¿Qué sigue?
El gobernador declaró que Duarte no saldrá de prisión
“en años” y aunque eso es lo que desea todo Veracruz, pocos lo creen.
Tras cumplir su sentencia en el Reclusorio Norte, Javier
responderá por los endebles cargos que le hacen en Veracruz… ¿y luego?
Lo justo sería que mediante los canales adecuados el gobierno
de México solicite al de Guatemala su consentimiento para procesarlo por
desaparición forzada.
Y tan justo sería que el Senado aprobó el punto de
acuerdo suscrito por la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, en el que
se pide a la PGR y a la SRE que solicite al gobierno de Guatemala que autorice
a la Fiscalía General de Veracruz, para que ejecute la orden de aprehensión
contra de Duarte por el delito de desaparición forzada.
Es muy difícil que un gobierno acepte este tipo de
solicitudes, pero si por esas cosas que tiene la vida Guatemala dice “órale
va”, a Javier se le quitará la sonrisa sardónica con la que regresó del juzgado
a su celda la noche del miércoles. Y es que entonces sí se le aparecerá el
diablo.