Palabra de
Mujer
El Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en
noviembre del 2018, indicaba un total de 37.485 personas. Cada caso una familia
que vive el infierno. La dimensión de la tragedia es inimaginable. Se
trata de una crisis humanitaria que ni en países en guerra se ven.
"Y seguramente el número es más
grande", reconoció el entonces secretario de Gobernación , Alfonso
Navarrete Prida en la presentación del nuevo Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas SNBP, creado a 53 días de que dejará Peña Nieto un país bañado en
dolor.
De los infaustos datos oficiales,
la cifra negra es mucho más amplia admitió el funcionario, pero lo más patético
de un gobierne saliente, fue el cinismo y la impunidad de, no únicamente un
omiso deber legal de proteger a sus gobernados, sino de la colusión con los
autores de la desaparición de la población. Se desconoce la cifra de casos
resueltos conforme a la ley y la amnistía otorgada por el nuevo
presidente, se torna una afrenta para los agraviados familiares.
No es gratuito que para
“administrar “ la irritación social de los colectivos por el perdón otorgado a
los artífices de las desapariciones forzadas, se apliquen declaratorias de
crisis humanitarias, como las que se decretaron en Veracruz el mismo día de la
toma de protesta del gobernador Cuitláhuac García, que colocó al tema como
asunto prioritario.
Y no es para menos, se estiman en
más de 15 mil desaparecidos en Veracruz aunque las cifras “oficiales”
solo registren tres mil 600, estaríamos hablando que el
aproximadamente 30 por ciento de víctimas de este delito en México
ocurrió en el estado. Las narcos fosas aún ocultas, se suman a las
megasexhumaciones, donde hay más de 700 rastros de cuerpos en una sola, lo que
revela el tamaño del problema.
La declaratoria de emergencia era
la única manera de controlar el daño y recibir a AMLO en su primera gira de
trabajo nacional como presidente constitucional de México. La experiencia de
los Foros por la Paz hasta octubre encendía las alertas de lo que podía pasar
en Veracruz si no controlaban a miles de familias que padecen, no sólo la
pérdida de sus seres queridos, sino la indolencia de una fiscalía y la
decepción del anuncio del “ borrón y cuenta nueva”. Les colocaron en
lugar privilegiado en el evento y se comprometieron a buscar a los
desaparecidos.
En junio del 2018 la ONU- derechos
humanos denunció que de las más de 37.000 desapariciones, "nadie
sabía cuántas fueron cometidas por las autoridades mexicanas”, que comandaba
el ahora expresidente priista Enrique Peña Nieto, cuya desastrosa gestión
gubernamental hizo virar al país hacia la izquierda radical, cansados de su
corrupción que ocasionó miles de víctimas fatales no nada más en materia
de seguridad, sino en todos los órdenes generando que hoy se le acuse el
tribunal de La Haya de crímenes de Lesa Humanidad.
Los capos del narco señalan
públicamente la complicidad del presidentes de México y gobernantes de
entidades federativas, como aliados del crimen organizado que, amparado por el
poder, ahora se dedican a succionar la gasolina del país, levantar a migrantes
o matarlos, seguir cobrando piso a las y los mexicanos y desapareciendo a
quienes les estorbe o no pague sus extorsiones.
Cada cambio de gobierno, estatal o
nacional, viene aparejado al fortalecimiento o nacimiento de un cartel,
igualmente cobijados por infiltrados funcionarios que desde la cúpula
fingen preservar el orden desde la instituciones.
Como es de suponerse lo órganos
autónomos, son comparsas para control de daño. Reaccionan tarde y sin mayor
impacto, como por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) que manifestó su preocupación por que México se ubica en la
posición 135 de 180 países de acuerdo con el Índice de Percepción de la
Corrupción 2017 de la organización Transparencia Internacional, y a nivel
región se ubica entre las peores posiciones de América Latina y el
Caribe, según la OCDE.
Si bien la CNDH no tiene dientes si
cuenta con presupuesto para exhibir los delitos que derivan de la corrupción y
sus estrategias para cubrirlas como, en el caso de los periodistas que nunca
atendió y reaccionó con una campaña ya cuando se iba Peña Nieto.
La desaparición forzada es la
principal arma para encubrir la corrupción y resulta una ofensa para el
desamparado pueblo mexicano, el más afectado por la amenaza, que reclama que se
considere como un delito NO GRAVE para dejar en la impunidad a los ejecutantes.
La desaparición forzada la han
convertido en un negocio propio de un país corrupto y con una élite en el poder
que solo busca enriquecerse, vendiendo jóvenes al narco, migrantes, mujeres,
niños y niñas o, desaparecer a periodistas, defensores de derechos humanos o
cualquier persona que les impidan sus” bisness”, que los señale o exhiba
o simplemente que sospechen pueda denunciarlos.
Los tres poderes tendrán
coadyuvar para que el delito de la desaparición forzada no siga siendo el
principal instrumento de un narcoestado. Las entidades donde la alta
incidencia de desapariciones es directamente proporcional a dónde existen las
autoridades más corruptas, como Veracruz, que otorga el beneficio de la duda a
un gobernante de izquierda y el estado del sureste se erige como la prueba de
fuego para el combate de una de las herramientas del crimen organizado para
seguir en el poder, desde el poder. *Directora General de billieparkernoticias.com