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Proponen hacer cambios en la Constitución del
Estado
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Transparentar las reglas de operación y
selección beneficiados
·
No es ético mezclar dinero público, fines electorales,
con pobreza
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Muy intensa -aunque con la debida sana distancia- resultó la sesión de la Legislatura del Estado, en la que se aprobó el
nombramiento de la Fiscal General, de la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción,
así como de los nuevos comisionados del IVAI, que ya han sido destacados en los
distintos medios de comunicación, pero también hubo otros temas que merecen ser
tratados con mayor detalle como la reforma a la Constitución del Estado para
transparentar y hacer públicas las reglas de operación y selección de los beneficiados
de los llamados programas sociales.
En principio
se trata de una iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Justicia y Puntos
Constitucionales para su análisis, pero aún tendrá que ser regresada al pleno,
para su discusión y en su caso aprobación a las reformas propuestas.
La bancada
de Acción Nacional en el Congreso asegura que “no basta con prohibir el uso
político de los programas y políticas públicas en las leyes, ni basta tener
organismos autónomos encargados de observarlas, promocionarlas y vigilar sus
contenidos, es necesaria una modificación al texto constitucional en su
artículo 79.”
Específicamente
lo que proponen es que además de lo que ya dice la constitución estatal
respecto a que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad
sin influir en la equidad de la competencia ente los partidos políticos -ahora
se propone agregar- Las autoridades responsables de implementar y operar acciones,
programas o políticas públicas que conlleven beneficios a la población o a un
sector de ésta, deberán transparentar y hacer públicas las reglas de operación
y criterios de selección de beneficiarios, así como el padrón respectivo
actualizado. Se prohíbe el uso de los programas sociales o de aquellos implementados
para la atención de emergencias o contingencias sanitarias o humanitarias, con
fines políticos, electorales o propagandísticos distintos al desarrollo social.
Pero además
también proponen que “en ningún caso la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, incluirá nombres, imágenes, colores, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o partido
político”.
Y como no se
trata de que nada mas quede plasmado en la constitución estatal pero que en la
práctica no se respete, también se proponen las sanciones económicas por
violentar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, no sean menores
a los beneficios económicos obtenidos por el responsable, sumando los daños y
perjuicios causados por sus actos y omisiones.
Como nosotros
no somos abogados, no nos queda claro, si esas reformas propuestas a la Constitución
del Estado de Veracruz, también tendrían aplicación en nuestro territorio para
los llamados programas federales de Bienestar, en donde hasta ahora, no se
vienen aplicando los conceptos de transparencia, imparcialidad y eficiencia.
Tienen toda
la razón del mundo en su proyecto de decreto que
“no están en contra de los programas sociales, sino de su planeación política,
que abiertamente se les da a estos; que no es ético mezclar el dinero público,
los fines electorales y la pobreza, sumarle al cálculo político la
vulnerabilidad de las personas en momentos de crisis.”
Por otra parte,
habría que anotar también que se pudo comprobar que el diputado Gómez Cazarín Presidente
de la Junta de Coordinación Política es un operador político que da resultados.
No es
circunstancia de un día, de unas horas, que el diputado Juan Javier Gómez
Cazarín nuevamente haya realizado una excelente labor política legislativa en
la que se aprobaron cuestiones sumamente importantes.
Logró
concientizar a su grupo y grupos de oposición para consolidar la impartición de
justicia en Veracruz con la designación de Verónica Hernández Giadáns como
Fiscal General del estado y a Clementina Salazar Cruz como Fiscal Especializado
en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, con 38 votos en cada
designación, solo 12 panistas nuevamente en contra de que le vaya bien a
Veracruz.
También
logró que se designara a José Alfredo Corona Lizárraga y a María Magda Zayas
Muñoz como nuevos comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, con 49 de 50 votos avalaron
dichos nombramientos.
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