No sé quién sea la persona o grupo que convence al buen Cuitla (“el hombre más honesto del mundo”, “una bendición para los veracruzanos”) de que es posible transgredir la ley, y no sólo posible, sino necesario para gobernar.
Así, el errático mandato de García Jiménez ha sumado a su inacción -que lo ha llevado a regresar miles de millones del presupuesto federal autorizado para obras en el estado y a que los indicadores de calidad hayan descendido a sus niveles más bajos en la historia de Veracruz- una muy cuestionada forma de aplicar y/o desconsiderar las leyes vigentes.Hay una forma muy efectiva de gobernar bien: seguir el imperio de la ley; acatar lo que mandan nuestras constituciones, así como las leyes y reglamentos que de ellas emanan; apegarse a la legalidad.
Cuando un pueblo percibe que su gobierno respeta la legislación, de inmediato se pone en favor de éste. No hay un mandatario más apoyado y hasta querido que aquél que logra imbuir en su pueblo la certeza de que cumple a cabalidad las ordenanzas legales.
Pero la política colmillo busca vías ilegales para tratar de esconder lo que ha sido mal hecho, ya sea por intención o por incapacidad.
Me ocuparé de dos recientes muestras de botón.
1. El ciudadano José Alfredo López Carreto se subió a su automóvil el miércoles pasado, apenas antes de que un grupo de policías de la FGE lo tratara de detener. Eso sucedió afuera de su domicilio de Jardines de Xalapa.
Don José Alfredo, que sabe que la vida no vale nada, de inmediato subió un selfie-video a las redes en donde anunciaba públicamente que lo querían detener y que él no había hecho “absolutamente nada en contra de la ley”.
El señor López Carreto es ni más ni menos que el suplente del alcalde de Actopan, su ciudad natal, y ha presionado a la Legislatura para que lo nombren en lugar del depuesto Presidente, José Paulino Domínguez Sánchez, como manda la ley.
Desde hace varios meses, José López Carreto ha denunciado que desde la actual Legislatura lo han presionado para que renuncie al puesto que le corresponde por derecho, porque, dice, hay la intención de poner una persona a modo de los intereses de funcionarios morrenistas.
El abogado de José Alfredo, que es el reconocido jurisconsulto Eduardo de la Torre Jaramillo, informó que han ganado cuatro recursos para que sea puesto en el cargo su defendido, pero la Legislatura no ha acatado el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Bien, así como lo encarcelaron sin motivo legal, de la misma manera José Alfredo López fue puesto en libertad, y ni disculpas le dieron.
2. Otro desacato de la Legislatura a la SCJN es que la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Sofía Martínez Huerta, no ha restituido en su cargo a los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, quienes fueron quitados de su cargo por una triquiñuela de la Legislatura, que tampoco funcionó legalmente.
Seguramente por órdenes de quienes la pusieron en ese puesto de manera no muy clara, doña Sofía se anda haciendo la que el muerto le habla, y ayer prácticamente salió corriendo de su oficina para no tener que enfrentar a la magistrada Yolanda Flores Saviaga.
Así no es, señores consejeros del Gobernador. Tratar de gobernar a contrapelo de la normatividad es -si me disculpan la expresión- buscarle chichis a la víbora.
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