Desde el Café
Bernardo Gutiérrez Parra
El decreto 576 de la Reforma Electoral aprobado por el
Congreso local que estipulaba entre otras cosas, aplicar un recorte del 50 por
ciento a las prerrogativas de los partidos políticos y validaba el blindaje al
gobernador Cuitláhuac García sobre la revocación de su mandato, fue echado
abajo por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Nación “en un
acto que los honra”, según dijo un diputado de oposición que estaba feliz por
la decisión.
La SCJN determinó que existieron violaciones al
procedimiento legislativo “porque genera una afectación substancial al principio
de democracia deliberativa”, además de atentar contra los pueblos indígenas “al
incidir directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas del Estado”. Ante esto, las autoridades están obligadas a
realizar “una consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente
adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos”, dice la
resolución.
En palabras llanas, lo que los magistrados ordenaron
al Congreso local fue: tomen en cuenta a los pueblos indígenas, devuélvanle sus
prerrogativas a los partidos políticos y que el gobernador Cuitláhuac García se
someta a una consulta popular, para que el pueblo de Veracruz decida si se
queda en el cargo hasta el 2024 o se va antes a su casa.
Con el pretexto de abaratar costos, uno de los puntos
neurálgicos de las reformas al decreto 576, eliminaba a las comisiones
electorales municipales, para concentrar el día de la votación, todas las urnas
en la comisión distrital.
Por lo anterior, la SCJN determinó “el
restablecimiento de la vigencia de las normas anteriores a las reformadas, las
cuales no podrán ser reformadas durante el proceso electoral próximo a iniciar,
salvo que se trate de modificaciones no fundamentales”.
Con lo anterior, Morena y la 4T en Veracruz recibieron
un mazazo directamente proporcional al que quisieron asestar a la sociedad
veracruzana.
¿Hay manera de que los legisladores de Morena
reviertan la decisión de la SCJN? No. Palo dado ni Dios lo quita, dice el refrán.
Y como la Suprema Corte es la última instancia, no tienen para dónde moverse.
Al enterarse del fallo el líder estatal del PRI,
Marlon Ramírez Marín, dijo que la decisión de la Suprema Corte reafirma que en
ese Poder se mantiene el Estado de Derecho, que le dará a los veracruzanos
mayor certeza en las elecciones del 2021.
“A pesar de que nos quisieron debilitar e impedir que
acudiéramos a las instancias correspondientes a impugnar estos atropellos, ya
que cuando se interpuso el recurso por vía electrónica debido a la pandemia del
Covid-19, quisieron hacerlo inválido, no claudicamos e insistimos, pues desde
un inicio sabíamos que era una reforma amañada que atenta contra los pueblos
indígenas” indicó.
Tras agradecer el trabajo que el PAN y el PRD hicieron
al respecto, reconoció la resolución emitida el viernes 20 de noviembre, por la
Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
que se ordena restituir las ministraciones económicas de agosto a diciembre de
2020 a los partidos políticos, “pero nuestro fin principal es, y ha sido, no
retroceder en los derechos electorales de los veracruzanos”.
Y a manera de conclusión Marlon Ramírez lanzó la
advertencia: “En 194 días nos encontraremos en las urnas y Veracruz hará historia”.
¿Qué sigue ahora? Que el pleno de la Legislatura
veracruzana acate las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
que dé comienzo, ahora sí en serio, el proceso electoral que en efecto
culminará en poco más de 190 días.