· Este
año se han cometido el mayor número de homicidios
· En
10 años, 138 homicidios contra comunicadores
· La mayoría de las agresiones por funcionarios públicos
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Dice Pancho López, el filósofo de mi Atenas veracruzana, que "lo prometido es deuda" y el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con
lo prometido la semana pasada, aunque fuera a medias, de que en la presente, se
daría un informe de los asesinatos a periodistas en nuestro país, en donde el
estado de Veracruz ocupa el nada honroso primer lugar.
Decimos que cumplió a medias, porque precisamente lo que
motivó el informe, fue la solicitud que le hiciera una reportera de la revista
Proceso para que específicamente se continuara con la investigación del crimen de la periodista
veracruzana y corresponsal de esa revista, Regina Martínez.
Pero en la conferencia mañanera de este miércoles, solamente
se dieron a conocer cifras y otros datos, pero ya no se volvió a tratar el tema
de la investigación del asesinato de la periodista veracruzana.
Hay que recordar, que después del crimen de Regina Martínez,
la plana mayor de la revista Proceso, encabezada por el mismísimo Julio Scherer
García vinieron a Xalapa y se entrevistaron en la Casa Veracruz con el entonces
gobernador Javier Duarte de Ochoa para exigir el esclarecimiento del asesinato
y el castigo no solo de los autores materiales, sino también de los
intelectuales.
Incluso, se dijo que la Fiscalía General de la República
habrá de colaborar para llegar al esclarecimiento, pero hoy a la distancia,
sabemos que eso no se cumplió.
Por eso es que ahora, a los años, se esperaba que el
mismísimo Fiscal General de la República estuviera “invitado” a la conferencia
mañanera para, cuando menos, anunciar que se reabriría la carpeta de
investigación. Pero eso tampoco ocurrió.
Lo único que sí ocurrió fue que el subsecretario de
Gobernación Alejandro Encinas Rodríguez, presentó los datos de la situación que
guardan los homicidios y agravios contra los periodistas y quienes ejercen el
derecho de libertad de expresión en nuestro país.
Lamentablemente, los últimos 10 años, hemos tenido una
década de enorme violencia contra el gremio periodístico, donde desde el año
2010 a la fecha se han cometido 138 homicidios contra periodistas en todo el
país.
Hay que señalar que en los tres últimos años han tenido un
repunte significativo y reconocer que este año es, lamentablemente, el año
donde se han cometido el mayor número de homicidios en la última década,
alcanzando la cifra de 19.
A partir del inicio de este gobierno se han registrado 38
homicidios: dos en el mes de diciembre de 2018, 17 en 2019 y 19 en el 2020.
La mayor parte de estos homicidios se localizan fundamentalmente
en cinco entidades de la República: en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y
Chihuahua, que concentran más del 51 por ciento de los homicidios cometidos
contra periodistas en esta década.
Y lamentablemente esta violencia ha alcanzado también a los
periodistas que están incorporados al Mecanismo de Protección de Defensores de
Derechos Humanos y de Periodistas en el país. Y desde la creación del mecanismo
en el año 2017 a la fecha han sido asesinados seis periodistas incorporados al
mecanismo, de los cuales solamente en tres casos ya hay presuntos responsables
bajo proceso de carácter penal.
Sin embargo, el homicidio no es la única agresión o
violencia que enfrentan las personas dedicadas al periodismo y al ejercicio de
la libertad de la expresión. En lo que corresponde a los últimos cinco años,
tenemos registradas mil 52 agresiones diversas contra periodistas, que van
desde golpes, lesiones, amenazas, hasta ataques a sus oficinas.
Destacar de manera muy significativa que más del 40 por
ciento de estas agresiones han sido identificadas como atribuibles a servidores
públicos. El espacio donde se da fundamentalmente este tipo de violencias es,
lamentablemente, en el ámbito municipal y con servidores públicos en este
ámbito de gobierno.
De esta manera, en lo que va la actual administración, en
estos 38 homicidios que se han cometido, los podemos ubicar el 42 por ciento en
tres entidades, particularmente Sonora, Guerrero y Veracruz.
El perfil del agresor, hay que señalarlo, el 73 por ciento
de los responsables identificados están vinculados con actividades delictivas,
26 por ciento a la delincuencia organizada y el 47 por ciento a la delincuencia
común; y también, hay que subrayarlo, el nueve por ciento está vinculado con
servidores públicos en todo el país. Ahí viene fundamentalmente la forma del
homicidio, es a partir de atentados con arma de fuego.
Lo lamentable del asunto es que no avanzan los procesos
judiciales y hay un porcentaje muy alto de impunidad, porque solamente el cinco
por ciento de los 38 homicidios cometidos en esta administración tienen
sentencia, aunque en este caso porque se ha hecho un trabajo de coordinación,
seguimiento especial con las fiscalías, se han integrado carpetas de
investigación o se encuentran bajo proceso, pero la mayor parte de los
homicidios cometidos en los años anteriores, prácticamente están en la
impunidad.
Por supuesto que tenemos que consolidar un sistema nacional
de protección integral que garantice la consolidación de una política de Estado
para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
que garantice fundamentalmente un derecho fundamental que es el derecho a la
libre expresión.
Esto requiere fortalecer los mecanismos locales
especializados para la atención de periodistas en cada estado y en los
municipios, porque esto es una labor que tiene que hacerse extensiva a los
municipios, estableciendo enlaces de atención y enlaces externos para poder
tener una comunicación fluida, tanto con los periodistas, como con las personas
defensoras de derechos humanos.
El reto fundamental es impulsar que las fiscalías estatales
y la Fiscalía Especializada en Atención de los Delitos contra la Libertad de
Expresión, cumplan con sus obligaciones en materia de justicia para revertir la
impunidad que prevalece lamentablemente en esta situación.
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