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Diputados,
alcaldes, síndicos y regidores piden licencia
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Aprobó el
Congreso nueva Ley de Comunicación Social
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Les darán más
dinero al OPLE, Fiscalía, UV y TEV
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Tres temas interesantes fueron abordados durante el inicio
este jueves, del Primer Periodo de Sesiones Extraordinarias correspondiente al
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura del
Estado de Veracruz, se trata de la lista de funcionarios públicos -diputados,
alcaldes, síndicos y regidores- que pidieron licencia para separarse del cargo
que actualmente cobran y disfrutan, para ir en busca de un nuevo puesto de
elección popular el próximo mes de julio. Son lo que se denomina chapulines
políticos, que todavía no terminan un hueso y ya van en busca del otro.
El segundo tema interesante y digno de analizar en detalle
es el de las solicitudes de los mal llamados Organismos Autónomos Estatales,
como el OPLE, Tribunal Estatal Electoral Fiscalía General del Estado y la
mismísima Universidad Veracruzana, que en estos tiempos de crisis económica,
están solicitando y obtuvieron que se les aumenten los presupuestos aprobados
para ejercer en este año.
El otro asunto en la
orden del día de la Legislatura del Estado, fue el dictamen de la Comisión
Permanente de Gobernación, con proyecto de Ley de Comunicación Social para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que fue finalmente fue aprobada con
27 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones.
Primero se trató el tema de la solicitud del Organismo
Público Local Electoral el ya famoso OPLE, que como “los maderos de San Juan,
piden pan y no les dan, les dan un billetito millonario, que se les atora en el
pescuezo” ya que su inocente petición asciende a la cantidad de $471,083,239.00
(Cuatrocientos setenta y un millones ochenta y tres mil doscientos treinta y
nueve pesos 00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio
presupuestal 2021.
El pretexto para pedir más millones de pesos para el OPLE
Veracruz es que a partir de la sentencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deriva de la acción de
inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de
los porcentajes de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos, por
la cantidad de $198,296,863.00 (Cientos noventa y ocho millones doscientos
noventa y seis mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), así como la
cantidad de $272,786,376.00 (Doscientos setenta y dos millones setecientos
ochenta y seis mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), para los
gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados,
mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material
electoral diverso, del modo siguiente: para el llamado capítulo 1000 -que son
sueldos- tienen autorizados $ 403,074,599.00 para este año, pero estaban
pidiendo otros $96,204,925.00, pero se tendrán que amarrar el cinturón en sus
elevados sueldos y compensaciones porque solo les autorizaron $352,000,000.00
(Trescientos cincuenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.).
La solicitud del Tribunal Electoral de Veracruz, también
desmedida, asciende a la cantidad de $12,000,000.00 (Doce millones de pesos
00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio presupuestal
2021, derivado del incremento en las arduas labores ordinarias, consecuencia
del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y
gastos de operación. A pesar de la crisis económica que estamos viviendo los
veracruzanos, le autorizaron otros $4,612,000.00 (Cuatro millones seiscientos
doce pesos 00/100 M.N.).
A la que sí le fue muy bien es a la solicitud de la Fiscalía
General del Estado, que asciende a la cantidad de $347,147,918.00 (Trescientos
cuarenta y siete millones ciento cuarenta y siete mil novecientos dieciocho
pesos 00/100 M.N.), respecto del presupuesto aprobado para el 2021, que se
funda y motiva, a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría
Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT),
determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las
ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por
Sueldos y Salarios en los períodos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015
y del 01 de enero al 30 de noviembre de 2016 y por Arrendamientos del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2016 por lo que finalmente se le autorizaron
recursos extras por $347,147,918.00 (Trescientos cuarenta y siete millones
ciento cuarenta y siete mil novecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.).
A la que también le autorizaron todo lo pedido fue a la
Universidad Veracruzana, de doña Deifilia Ladrón de Guevara, también para el
pago de adeudos al SAT, antes de que se vaya en septiembre, para lo que le
dieron una ampliación de recursos presupuestales hasta por la cantidad de
$1,682,467,895.76 (Mil seiscientos ochenta y dos millones cuatrocientos sesenta
y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 76/100 M.N.), para el estricto cumplimiento
de los fines solicitados.
Por último, en la sesión del Congreso del Estado de este jueves,
se aprobó también la nueva Ley de Comunicación Social del Estado, que tiene por
objeto establecer las normas a las que deberán sujetarse los entes
públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los
criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a la
vez que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio
que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.”
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