No me refiero a las víctimas del Covid que inevitablemente se multiplicarán más allá del 6 de junio. Me refiero a las víctimas de la barbarie; me refiero a los alcaldes, legisladores y a los aspirantes a esos cargos, que están siendo brutalmente asesinados ante la pasividad de una runfla de ineptos (del gobernador Cuitláhuac García hacia abajo) que no sirven absolutamente para nada.
La danza macabra comenzó el pasado 12 de abril cuando fue
asesinada la agente municipal de Ixhuatlancillo Catalina Montalvo. La mujer que
era militante del PRI viajaba en una motocicleta junto con su marido que
también perdió la vida. Dos días después fue ejecutada la regidora única de
Texcatepec, María del Carmen Hernández de filiación perredista, mientras
viajaba a bordo de una camioneta.
A estos dos crímenes no hubo autoridad que les hiciera
caso.
El 11 de noviembre fue asesinada la alcaldesa
perredista de Jamapa, Florisel Ríos Delfín que antes de morir denunció amenazas
del secretario de Gobierno Eric Cisneros.
Días antes del homicidio, el 7 de noviembre, el líder
estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez denunció públicamente que los
presidentes municipales de su partido habían sido amenazados por Eric
Patrocinio Cisneros si se negaban a apoyar al gobierno de Cuitláhuac García.
“Se han dado amenazas muy claras de que si no apoyas
al partido en el gobierno, concretamente en tal distrito o en tal municipio,
hay delincuencia organizada, (te dicen) tenemos formas de entrar con tu
municipio y tienes familia, así que atente a las consecuencias”, manifestó Cadena
y agregó (evidentemente sin saber la tragedia que vendría después), que entre
los alcaldes amenazados estaba la presidenta municipal de Jamapa.
Cuitláhuac dijo en aquella ocasión: “Hemos recibido la
lamentable noticia, confirmada, del homicidio de la alcaldesa de Jamapa. Aquí
no va a hacer impunidad (sic)” Y eso fue todo. Hasta el momento no se sabe cómo
va la investigación ni si ya declaró el secretario de Gobierno sobre las graves
acusaciones que le imputan.
Este 12 de febrero al mediodía fue privado de la vida el
joven Gilberto Ortiz Parra, precandidato de Morena a la alcaldía de Úrsulo
Galván. Según testigos Gilberto estaba dentro de su auto en las inmediaciones
del hotel San Carlos (en el municipio de Puente Nacional) cuando unos sujetos
se le acercaron y le dispararon. Uno de los proyectiles le dio en la cabeza
pero aún con vida lo llevaron a una clínica del IMSS de Ciudad Cardel donde
falleció.
En esta ocasión no fue el gobernador sino la Fiscal
estatal Verónica Hernández Giadáns la que contó el mismo cuento: “El crimen no
quedará impune; se capturará a los responsables”.
Ayer lunes fue asesinada en su domicilio de
Cosoleacaque la ex diputada y ex alcaldesa de ese municipio Gladys Merlín
Castro, junto con su hija Carla Enríquez Merlín de 27 años. El doble homicidio
fue perpetrado alrededor de las 05:00 horas cuando unos desconocidos
irrumpieron en su residencia y las ejecutaron.
Gladys fue legisladora y alcaldesa por el PRI, pero su
hija se postularía a la alcaldía de Cosoleacaque por Morena.
En funciones de Fiscal, el gobernador Cuitláhuac
García soltó un choro poco claro y remató con el mismo y sobado cuento: Los
asesinos se van a topar con pared; no habrá impunidad.
Lo cierto es que la violencia se recrudece en escalada
sangrienta y ahora son los actores políticos los que están en la mira de los
delincuentes ante la inutilidad de las autoridades.
¿Quién será el próximo o la próxima víctima? ¿Cuántos
muertos costará la elección del 6 de junio?
Marlon
Ramírez condena el hecho
El
asesinato de Gladys y su hija Carla, conmocionó a la clase política estatal y
nacional; esto se vio en reflejado en las manifestaciones de duelo tanto en
redes sociales como en medios de comunicación.
Tras
condenar y lamentar ambas muertes, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez
Marín, pidió que se investigue a los responsables de la filtración de
fotografías donde aparecen las víctimas después de ser asesinadas ya que se
viola la secrecía de la investigación. Las crudas imágenes circularon en redes
sociales y algunas llevaban el logo de la Policía de Cosoleacaque. Por lo que
ya imaginarás lector quién las filtró.
Marlon
no perdió la oportunidad de tundir nuevamente al Ejecutivo estatal, al
manifestar que es una irresponsabilidad del gobernador Cuitláhuac García
relacionar el homicidio con un tema de cacicazgo, y usurpar funciones de la
Fiscalía General del Estado al salir a dar declaraciones, cuando esa función la
debe hacer la titular Verónica Hernández Guiadáns.
“Con
esto se genera polarización entre la población pues lejos de buscar esclarecer
los hechos se busca enturbiarlos”, indicó Ramírez Marín.
La contestación de los impunes
En
conferencia de prensa y en relación con los asesinatos de Gladys Merlín y su
hija Carla Enríquez, el gobernador Cuitláhuac García dijo: “Un distintivo de mi
gobierno es que no hay impunidad”. Y no fue lejos por la respuesta.
Horas
después en la ciudad de Agua Dulce a la altura del acceso a la colonia El
Suspiro, sujetos armados asesinaron al abogado Salvador Santillán Alegría, ex oficial
del Registro Civil y a su esposa Marisol. De acuerdo con testigos los agresores
llegaron a su domicilio para ejecutarlos.
También
fueron ejecutadas dos personas, hasta el momento sin identificar, en el
municipio de San Andrés Tuxtla. Los cuerpos presentaban impactos de bala y se
encontraron a un costado de una camioneta.
Esa
fue la contestación de los impunes.
