Del gobierno de Agustín Acosta Lagunes para acá, no ha fallado que en los procesos electorales haya mínimo un muerto. El creciente número de actores políticos que sufren amenazas, atentados o son asesinados ha sido la constante. Aunque nunca como en tiempos de la 4T.
Ser político o candidato a un puesto de elección
popular se ha convertido en una profesión de alto riesgo en la entidad. En cinco
días se registró un asesinato, un atentado, una amenaza y la detención de un
candidato a presidente municipal.
El 2 de abril encontraron asesinado y desmembrado al
ex alcalde de Mixtla de Altamirano, Gonzalo Elías Zopiyactle Colohua. El día 6
unos sujetos rafaguearon la casa del alcalde de Chinamenca José Antonio Carmona
Trolle. El 7 fue amenazado de muerte e “invitado” a bajarse de la contienda el
aspirante priista a la alcaldía de Carlos A. Carrillo, Onan Hernández López.
Ese mismo día unos sujetos encapuchados entraron al
negocio de autopartes de Gregorio Gómez Martínez, candidato perredista a la
presidencia municipal de Tihuatlán (al norte de la entidad) al que golpearon,
le robaron sus pertenencias, lo subieron a un auto blanco y se lo llevaron con
rumbo desconocido.
En un momento se pensó en un “levantón”, pero al día
siguiente sus familiares supieron que lo detuvieron policías ministeriales y lo
acusaron de “posesión de arma”. Gregorio está preso en Álamo y según su esposa,
más golpeado que cuando lo aprehendieron.
Esto lector, no es parte de la efervescencia política
sino del clima de impunidad que se vive en la entidad y que ya es crónico.
Hace unos meses en una entrevista, el gobernador
Cuitláhuac García dijo que los delincuentes están tan infiltrados en algunos
municipios que son los que ponen a los jefes de policía, al tesorero, al
síndico y en algunos casos hasta al presidente municipal.
Si tiene esos datos el señor ¿por qué no actúa en consecuencia?
Veracruz no sólo tiene un gobierno incapaz, también tiene
una de las policías más ineficientes del país. Y si no está peor en seguridad
es gracias a los soldados, marinos y miembros de la Guardia Nacional que son
los que se parten el alma con los delincuentes.
Según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 realizada
por el INEGI, los soldados y marinos son las autoridades en las que más confían
los veracruzanos con un 61.4 por ciento. Mientras que la policía tiene un 72
por ciento de rechazo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), dio a conocer que Veracruz está entre los siete estados con más
violencia política detrás de Baja California, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos
y Oaxaca.
Por su parte la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) dijo que Veracruz es de alto riesgo para los candidatos que
pueden ser cooptados por la delincuencia organizada.
¿Pueden ser? Je je. En varios municipios la delincuencia
es la que ganará las elecciones.
El Plan de Protección a Candidatos que la SSPC hizo
sobre las rodillas por mandato presidencial es tardío, inútil, de papel y nadie
lo ha llevado a la práctica. De ahí que los candidatos estén en la indefensión.
Quienes pueden traen un par de guaruras, pero los que no andan recorriendo sus
distritos nomás con la bendición de Dios.
A las amenazas que han recibido de la delincuencia,
hay que agregar los calambres que les ha enviado el gobierno estatal mediante
sus esbirros. El ex secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán encarcelado
por “ultrajes a la autoridad” y Gregorio Gómez, también en la cárcel tras un
asalto de la autoridad a su negocio, son dos ejemplos.
Por un lado la Fiscalía estatal encarcela a los rivales
de Morena y del señor gobernador. Y por otro, la delincuencia chantajea,
amedrenta o quita de en medio a quien le estorbe.
Los 22 políticos asesinados durante la administración
de Cuitláhuac García hasta diciembre del año anterior y los opositores
encarcelados ilegalmente, todo esto en medio de un clima de violencia que no
tiene para cuándo terminar, no auguran nada bueno en este proceso electoral.
De ahí la pregunta, ¿cuántos muertos y encarcelados
costará la elección en Veracruz?