El 18 de mayo del año anterior, el Presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera: “Se lucha todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad sin violar derechos humanos; ya no hay masacres…” Y el 1 de septiembre en su segundo Informe de Gobierno repitió la mentira al manifestar que ya no había desapariciones ni masacres.
Ese mismo día Amnistía Internacional le contestó con
un mensaje fuerte donde rechaza sus aseveraciones y le dice: “El primer paso
para eliminar las violaciones a los derechos humanos es reconocerlas y dar
cuenta de ellas”.
A renglón seguido le manifiesta que del 1 de diciembre
del 2019 al 31 de agosto del 2020, se registraron en el país 11 mil 653
personas desaparecidas.
Y en cuanto a las masacres, sólo en los dos primeros
meses de este año se contabilizaron 83 de las que 51 se registraron en enero y
32 en febrero, según la Organización Causa en Común.
En lo personal no sé de ningún país en guerra que
tenga registradas tantas masacres en 60 días.
Causa en Común informó además que en esos dos meses
fueron asesinados 72 menores entre niñas, niños y adolescente, 51 mujeres
fueron ultimadas con crueldad extrema y hubo 14 actores políticos acribillados.
Como dato adicional, marzo ha sido el mes más violento
de este 2021 con 2 mil 444 homicidios dolosos que dieron un promedio de 78.8 asesinatos
por día.
Quizá lector te estés preguntando por qué doy a
conocer esta información cuando lo de hoy son las campañas electorales. Pues
por eso, porque el Presidente ha dejado la seguridad al garete y las
estadísticas están demostrando que entre los más propensos a un atentado
figuran los candidatos.
Sin duda para taparle el ojo al macho y hacer como que
hace, Andrés Manuel prometió en marzo un plan para protegerlos; “para que no
los amenacen, no los agredan, no los intimiden, para que no los obliguen a
declinar por amenazas, por intereses”, dijo.
Pero ese plan jamás funcionará si no se inhiben la
inseguridad y la violencia. Mientras esto no suceda, ambas seguirán golpeando a
una sociedad golpeada en exceso porque el tabasqueño no pudo (que es grave) o
no quiso (que es más grave), luchar contra ellas.
Quizá alguien diga que aún le queda cuerda a su
administración para sacarse la espina. Y en efecto, cuerda sí, ganas de
combatir esas pesadillas, ninguna.
Un caso relevante es Veracruz donde se han registrado
22 asesinatos contra políticos desde que comenzó la administración de
Cuitláhuac García. En ese sentido y para no variar, nuestra entidad lidera la
lista de atentados contra miembros de la clase política junto con el estado de
Guerrero.
El último ataque (que ojalá Dios quiera y en efecto sea
el último) ocurrió la madrugada de este martes cuando fue rafagueada la casa
del alcalde de Chinameca, Antonio Carmona Trolle cuya esposa, Amairani Patraca
García, está contendiendo para sucederlo en el cargo.
Carmona Trolle dijo que así como pudo tratarse de un “ataque
político” bien pudo ser obra del crimen organizado que lo ha querido
extorsionar. Y no le falta razón, porque tanto los políticos en funciones como
los candidatos están a dos fuegos; por un lado los amenazan los delincuentes y
por otro los emisarios del gobierno.
Veracruz es un estado clave para todos los partidos
políticos, pero también una entidad de elevado riesgo para los candidatos. Por
esta razón las autoridades estatales deben tener presente que su obligación CONSTITUCIONAL
es protegerlos a todos y todas sin distinción de colores. (Sí sí, ya sé que
estoy hablando en el desierto pero en una de esas me oyen).
No debemos olvidar que de lo que se trata la noche del
próximo 6 de junio es que los veracruzanos pregunten quiénes ganaron la
elección y no cuántos candidatos sobrevivieron a ella.
La
desesperación de Román Bastida
Si en Estados Unidos, Canadá y Europa las encuestas
son serias y confiables, en este México nuestro son al gusto del cliente que
para eso las paga. Alguna vez vi una sobre los candidatos a la presidencia de
la República, en la que un gobernador veracruzano de ingrata memoria y que no
tenía la mínima posibilidad de alcanzar tan alto cargo, barrió a todos sus
contrincantes.
Esta práctica se ha extendido tanto que ha generado
confusión entre la ciudadanía, por lo que se estableció en las leyes
electorales que el recurso de las encuestas debería ser regulado por los
órganos responsables de los comicios.
El artículo 213 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General “emitirá las
reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán
adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco de los
procesos electorales federales y locales”. Y que los Organismos Públicos
Locales realizarán las funciones en esa materia de conformidad con las citadas
reglas, lineamientos y criterios.
También se advierte que las personas físicas o morales
que difundan encuestas o sondeos de opinión “deberán presentar un informe sobre
los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la
autoridad electoral correspondiente”.
En pocas palabras, no se trata de contratar a
cualquier empresa y acordar una encuesta “a modo” en la que un aspirante a un
cargo de elección popular aparezca con las más altas preferencias.
En el proceso interno para definir al candidato a la
Diputación local por el Distrito VIII con cabecera en Misantla, la alianza
“Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, PT y el Partido Verde, optó
por realizar una encuesta abierta, para conocer la opinión de los potenciales
electores en los 18 municipios que integran ese Distrito.
Los aspirantes recibieron la oportunidad de caminar por
el distrito, dialogar con los militantes, presentarles sus propuestas y esperar
el resultado de dicha encuesta.
Pero al alcalde con licencia de Vega de Alatorre,
Román Bastida Husca, ya se le cuecen las habas. Desesperado porque nomás no
levanta en las preferencias del electorado, publicó en algunos medios una
encuesta por demás amañada donde aparece arriba de sus contendientes por un
margen bastante amplio.
El sondeo dice que tiene un porcentaje de aceptación
de un 40 por ciento, por apenas un 12 por ciento de su rival más cercano.
No existe ni la mínima relación entre las cifras que
presume Román Bastida y las que han ido recopilando los partidos que integran
la alianza “Juntos Haremos Historia”, a partir de las cuales tomarán su
decisión este mismo mes.
Pero allá don Román si piensa que los votantes de su
distrito son tontos y le creyeron tan desproporcionada mentira.