Usted Dirá…
Por: Roberto Valerde García
Según el padre de la División de Poderes, el propósito de su
existencia es evitar la opresión de un poder autoritario sobre la sociedad, así
como los gobiernos despóticos: “uno solo, sin ley y sin reglas, conduce todo
por su voluntad y su capricho”.
Peligrosamente, en la actualidad esa división es cada vez
más tenue, delgada, efímera y sin el menor recato el Ejecutivo manipula al
Legislativo y el Legislativo se entromete en el Judicial y lo ahorca
financieramente, luego entonces ¿hacia donde nos enfilamos?¿triunfará la
tiranía? ¿habrá un poder absoluto? Ni Dios lo mande.
Quizás en los gobiernos del PRI y del PAN, de igual manera
había ingerencia del Ejecutivo en los otros dos poderes, pero al menos no eran
tan obbvios y simulaban remarcada uno en su propia dirección, se coordinaban,
sin embargo, desde que inició la nueva transformación, entre todos se pican los
ojos, se patean bajo la mesa, se ponen zancadillas y sus diferencias se
ahondan.
Magistrados del Poder Judicial del estado de Veracruz acaban
de dar el grito de alerta ante una evidente “quiebra financiera”. Acusan al
Poder Legislativo, a los diputados locales, de recortarles el presupuesto y
ahora los magistrados dicen necesitar 500 millones de pesos para concluir el
Ejercicio 2021, por lo tanto, la magistrada presidenta actual, Isabel Inés
Romero Cruz llamó a recortar gastos y remuneraciones de sus homólogos.
Por grillas internas y presiones desde los palacios de
Enríquez y el de Encanto, derrocaron como presidenta del Tribunal Superior de
Justicia a Sofía Martínez Huerta, quien desempeñó el cargo menos de un año.
Entró en relevo Inés Romero Cruz, quien desde inicio tuvo mucha resistencia a
su designación, pero su suerte estaba echada y fue impuesta contra viento y
marea.
No ha transcurrido un año desde entonces y de nueva cuenta
se escucha la voz de la magistrada Concepción Flores Saviaga pidiendo ahora la
cabeza de Inés Romero, quien lleva apenas unos meses en el encargo, a ella la
señalan de “inexperiencia”. Afirma Flores Saviaga que no se puede poner en
riesgo a toda una institución y los fines para los que fue creada y le concedo
la razón, pero debo decir que ese es el precio de la necedad y los caprichos de
querer imponer en esos cargos a novicios.
Además de mala administradora, también le endilgan a Inés
Romero negarse a revisar los contratos de construcción de las Ciudades
Judiciales, proyecto que inició el “cara de muela” Edel Álvarez Peña al final
de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y albores de la 4T.
Reza un refrán popular que “el que paga manda” y si a caso
eso es verdad, al interior del Poder Judicial veracruzano se afirma que las
finanzas, el poder económico lo detenta la directora general de Administración
del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, quien era la mano
derecha de Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas y Planeación del
Poder Ejecutivo.
En pocas palabras todo indica que en Veracruz no hay
división de poderes, todo es un desgarriate y no hay una mano firme que ponga
orden, porque como dicen: “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Hay magistrados que apuestan triple contra sencillo a que
Inés Romero saldrá como tapón de sidra de la presidencia del Poder Judicial,
pero también reconocen que mientras no se elija de-mo-crá-ti-ca-mente a un
presidente o presidenta, seguirá el caos.
En medio de todo este desorden, hay quienes le apuestan a un
estado absolutito, donde todo se haga en secreto y a espaldas de la ciudadanía.
Montesquieu luchó por la división del Estado, por derrocar
la tiranía y concentrar el poder en un solo individuo, él deseó que se
impusieran los derechos y el bienestar de la sociedad a la cual gobierna el
Estado.
La Constitución de 1857, sin embargo, tiene un gran mérito:
sin temor a equivocaciones, puede decirse que fue el primer paso adulto que
nuestro país dio en la edificación de un Estado de derecho. Tan lo fue que
nuestra actual Constitución es en grandísima medida una reproducción de su
antecesora.
¿Qué es lo realmente importante? Primero, que haya orden en
el Poder Judicial y si la magistrada Inés Romero es una incompetente, como
estoy seguro, que dimita o que la corran; segundo, que los magistrados se
pongan a trabajar, en lugar de andar regateando sus salarios, esos mismos que
no permiten les recorten, pero que tampoco devengan. Desde que inicio la
pandemia, jueces y magistrados se la han pasados de “huevones” y el rezago en
la resolución de expedientes es mayúsculo. No trabajan, no tienen derecho a
mejores sueldos, porque ya de por sí son insultantes.
Tercero, que sean abogados de todo el estado quienes
propongan una terna y sea avalada por el gobernador, para luego ser votada por
los legisladores locales; cuarto, que se investigue a fondo las corruptelas en
las Ciudades Judicials, se encarcele a los responsables y, quinto, que todos
los actores de los tres Poderes salgan de la declaracionitis en los medios y se
pongan a trabajar. ¡Es cuanto!
