Ciudad de
México, a 22 de diciembre de 2021.
· El INE deberá cumplir todas y cada una de las etapas de la consulta de revocación de mandato
La Suprema Corte de Justicia de
la Nación otorgó la razón jurídica a la Cámara de Diputados al impugnar el
acuerdo aprobado el pasado viernes por el Instituto Nacional Electoral (INE) en
el que posponía de forma temporal varias fases de la consulta de revocación de
mandato y ordenó al instituto a respetar en sus términos el ordenamiento
contenido en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de
Mandato.
El presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se
congratuló por la determinación tomada por la Suprema Corte de Justica de la
Nación en el sentido de ordenar al INE a cumplir con todas y cada una de las
fases de la consulta de revocación de mandato, tal y como lo ordena el artículo
cuarto transitorio de la Ley en la materia, que precisa: “el Instituto deberá
de garantizar la realización de este ejercicio de revocación de mandato, por lo
que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios”.
Este miércoles
la SCJN notificó al diputado presidente sobre esta determinación, quien celebró
que con esta decisión se confirme el Estado de derecho que prevalece en el país
y haya ordenado la suspensión al acuerdo a que llegó el INE para posponer temporalmente
varias fases de la consulta del proceso de revocación de mandato, de sus
efectos y consecuencias.
Asimismo,
aseguró, con esta determinación se alienta la participación democrática de la
ciudadanía, ya que el organismo nacional autónomo deberá continuar con la
organización del proceso de revocación de mandato y el desarrollo de la
totalidad de las actividades de este ejercicio hasta su conclusión.
Con las acciones
jurídicas emprendidas ante el máximo tribunal de la nación, el presidente de la
Mesa Directiva cumplió a cabalidad con la defensa de los intereses de la Cámara
de Diputados, con las facultades que le confiere la ley, y manifestó su
satisfacción al quedar demostrado que en este país la ciudadanía e
instituciones están obligados a cumplir con la ley.