“La conducta es un espejo en que cada uno muestra su imagen.” – Johann Wolfgang von Goethe.
Finalmente,
después de darle vueltas y vueltas al tema el Congreso de Veracruz debió
emplear una faramalla para tapar la ineficiencia de la Fiscalía General del
Estado.
Y
es que sesionar en domingo, al cuarto para la hora, y no ser “sancionados” por
el Senador de la República o por la misma Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y hacer ajustes al artículo 331 del Código Penal de Veracruz en
el que se tipifica el delito de ultrajes a la autoridad, resultó ser el ardid
más vil y corriente que pudieron emplear los legisladores.
Es
evidente, que al interior del grupo legislativo de Morena no existe el acuerdo,
ni se estaba a favor de no derogar el delito, sabían que el delito estaba mal,
pero reconocer el error es lo mismo que señalar directamente la incompetencia
de una Fiscalía que ha actuado como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo para
poder eliminar del tablero político a los rivales más acérrimos.
Es
así como contraviniendo las recomendaciones de la misma Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y empleando la Litis en el sentido de que el delito
encuentra símiles en 18 códigos penales estatales, el mismo, debía ser
reformado más no derogado.
Avalando
con ello, el empleo de un delito considerado inconstitucional por la misma
SCJN, pues, la razón absurda de su uso, se basa en garantizar el respeto a las
autoridades policiales, que en muchos casos con uso de la fuerza, violando toda
garantía, detienen a los ciudadanos, sin que medie de por medio delito y mucho
menos orden judicial para ello.
Así,
en un teatral montaje, los elementos de seguridad, aluden “ultrajes a la
autoridad” ante cualquier incidente, ya sea verlos feo, sacarles la lengua, o
incluso llegarles a mentar la madre, algo que ha quedado demostrado, puede ser
causal de traumas tan severos que los elementos uniformados, por más que vayan
armados hasta los dientes, aparentemente, se vuelven vulnerables con una simple
mentada de madre.
La
determinación asumida por 33 de los 48 diputados que emitieron su voto a favor,
quedará como evidencia, de que con tal de salvarle la plana a los inútiles que
embarcaron al mismo Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez en este escándalo,
habrán de asumir el costo político de tan obtusa y absurda decisión.
El
no llamar a cuentas a la Fiscal General, Verónica Hernández Giandáns como única
responsable de la ineptitud en el desempeño de su función al fundar los dichos
del mismo gobernador García Jiménez –a quien han hecho salir a declarar- que
por este delito podrían salir cientos de líderes y delincuentes del crimen
organizado, es tanto o más como admitir, que no hicieron bien su trabajo.
Las
integraciones de las carpetas de investigación contra criminales de este
calibre no pueden ser fundadas en el supuesto de “ultrajar a la autoridad”, o
será más bien que no quieren admitir, que, con el mismo justificante,
encarcelaron a todos los opositores políticos que hoy están en prisión.
La
faramalla armada es la confirmación de que cuando la incapacidad, el
desconocimiento, y la ineficiencia gobiernan, la sociedad paga las consecuencias,
pero también registra los graves errores que tarde o temprano Morena y sus
aliados habrán de pagar.
Al
tiempo.
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