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Todos los funcionarios están obligados a entregarla
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Nadie que está haciendo fortunas van a declarar
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Los fraccionamientos de los nuevos ricos en
Xalapa
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
El próximo martes 31
de mayo vence el plazo de la Ley de Responsabilidades Administrativas marca
para que los funcionarios públicos presenten su declaración de situación
patrimonial y de intereses.
Por eso es que en
las oficinas de la Contraloría General en la avenida Ignacio de la Llave 105
-allá por el deportivo Ferrocarrilero- se han formado largas filas para
entregar físicamente en impresiones en papel las respectivas documentaciones.
Hay que reconocer que a pesar que es nutrida la concurrencia de empleados de
todas las dependencias, gracias a que se establecieron varias ventanillas para
revisar los papeles y luego para el sello de recibido, no es tardado, como
pudiera ser.
Aunque también hay
que decir que no vimos a ningún funcionario de lo que se considera la Alta
Burocracia, sino que la mayoría pertenecen a la Secretaría de Educación, son
maestras y maestros que apenas tienen una plaza magisterial.
No vimos a nadie desde
la mismísima oficina del Gobernador del Estado, del Secretario de Despacho y
homólogos, Subsecretarios de Despacho y homólogos, Director General,
Coordinador de Asesores y homólogos, Director de Área y homólogos, Subdirector;
Asesor y homólogos, Jefe de Departamento; Consultor, Ejecutivo de Proyectos y
homólogos, Jefe de Oficina; Supervisor y homólogos.
Al final de cuentas,
se trata de un mero trámite burocráticos, para poder decir que se está
cumpliendo con la Ley, pero seguramente que nadie de los que están haciendo
fortunas millonarias va a declarar nada de eso.
Nada más hay que
darse una vueltecita por el rumbo de los fraccionamientos alrededor de Monte
Magno, donde hay no una ni dos cuadras, sino manzanas completas, con residencia
que valen millones de pesos, que seguramente no aparecen en esas famosas
declaraciones patrimoniales.
Si realmente se
quiere detectar y castigar la corrupción, como debiera ser, pues nada más basta
con checar la dirección del domicilio de la Alta Burocracia -la que pese a todo
lo que se diga está creando nuevos ricos en Xalapa- para ir a valorar las
residencias y quienes viven en ellas, con grandes lujos y autos y camionetas
que pareciera están compitiendo para ver cual es la más cara.
Seguramente que
ninguno de los maestros y maestras, que estuvieron acudiendo a la Contraloría
General para presentar su declaración patrimonial, viven en la parte sur de la
capital, donde se siguen construyendo residencias y fraccionamientos.
Que no se olvide que
el día cinco de junio del año dos mil diecinueve, mediante la Gaceta Oficial
del Estado de Veracruz, Tomo CXCIX, número extraordinario 224, se publicó el
Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, donde se enuncia el Objetivo 1 del
Programa especial B. Honestidad y Austeridad que establece: “Erradicar la
corrupción en la Administración Pública Estatal a partir de la implementación
coordinada de medidas para la transparencia y la rendición de cuentas”.
La otra declaración,
aparte de la patrimonial, es la de intereses, pero lamentablemente no se
establece nada sobre el nepotismo, que es una de las formas de corrupción que
ha venido ha proliferar en distintas áreas de la administración estatal.
Ojalá que la
Contraloría General del Estado, después del martes 31 de mayo en que vence el
plazo, no nada más informe de cuantos miles de empleados cumplieron con su
obligación de presentar su declaración patrimonial, sino que también se informe
de los casos de corrupción que debieron ser detectados ya, a estas alturas del
partido.
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